Maximiliano Basilio Cladakis
La consigna “Cristina libre” debe
convertirse en el eje unificador del campo nacional-popular. Su proscripción no
es solo una embestida contra nuestro movimiento político, sino también contra
la propia democracia.
Con su condena, el lawfare —la
guerra jurídica— inauguró una etapa aún más sombría para la Argentina. La
articulación entre sectores de la derecha política, del Poder Judicial, de los
grandes medios de comunicación y del capital concentrado, nacional y
transnacional, configura una estrategia orientada a consolidar un poder sin
límites, eliminando o intentando eliminar toda forma de resistencia y
oposición. Se busca clausurar la política y vaciar de contenido a la
democracia.
Las elecciones son admitidas,
pero solo bajo una condición: que quienes tengan posibilidades reales de
triunfar sean los representantes de los intereses dominantes. En este esquema,
Javier Milei es descartable, y conviene tenerlo claro. Lo que no es descartable
son sus políticas ni el proyecto de país que expresa. Mauricio Macri, Patricia
Bullrich, junto a otras incontables figuras, pueden ocupar su lugar, siempre y
cuando garanticen la continuidad del mismo programa de dominación política,
económica y cultural.
No es casual que una de las
referencias intelectuales más importantes de la nueva derecha global, Peter
Thiel —quien se halla desde hace tiempo en nuestro país—, haya sostenido que la
libertad es incompatible con la democracia. Cuando habla de libertad,
obviamente, no se refiere a la emancipación de los pueblos ni a la ampliación
de derechos, sino a la libertad irrestricta del capital para ejercer su poder
omnívoro. Lo que durante años pudo parecer una provocación teórica hoy se
manifiesta como una práctica política concreta. La democracia es tolerada
mientras no cuestione los privilegios de las élites económicas. Cuando amenaza
con hacerlo, se restringe, se vacía o se transforma en una mera formalidad
institucional. Los líderes populares pueden ser perseguidos, encarcelados o
asesinados. Cristina lo advirtió hace años: “Me quieren presa o muerta”.
La proscripción de Cristina debe
leerse en este contexto. No se trata únicamente de excluir a una dirigente
política. Se trata de disciplinar a cualquier fuerza capaz de representar
intereses populares y disputar el rumbo del país. Desde esta perspectiva, no
colocar la liberación de Cristina en el centro de la acción política constituye
una claudicación frente a la historia misma del peronismo. El movimiento
nacional nació enfrentando la persecución y la proscripción. Su identidad se
forjó en la resistencia al intento de expulsar de la vida política a quienes
expresaban las aspiraciones del pueblo.
Aceptar hoy la proscripción de
Cristina, o relegar su situación a una cuestión secundaria, equivale a admitir
que los poderes fácticos pueden decidir quiénes tienen derecho a competir por
el gobierno y quiénes deben quedar excluidos de antemano. Esto constituye lo
opuesto a nuestra tradición política. Significa la renuncia a la razón de ser
histórica del peronismo y el riesgo de su conversión en un agente más del orden
que nació para combatir.
La libertad de Cristina, el
futuro del peronismo y la vigencia de la democracia aparecen hoy como
cuestiones inseparables. No hay peronismo sin Cristina porque lo que se busca
proscribir no es únicamente a una dirigente, sino a la tradición política que
ella encarna y a la posibilidad misma de que el pueblo vuelva a convertirse en
sujeto de la historia.
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